Glorias Ajenas

Son las que hemos venido  gozando los peruanos por casi dos décadas en materia económica,  con crecimientos del  PBI en un promedio de  5,5 porcentual que ha representado bajar la pobreza que nos aqueja en un 12% de un total de 44%, quedando todavía por superar  una cifra  bastante alta en el contexto general de nuestra población.

Este goce por supuesto, es producto de una serie  de condiciones  que se vivió en la década de los noventa, después del desastre económico en que nos dejó el gobierno de 1985: y que tienen que ver, con el sacrificio de los peruanos al sincerarse la economía, la austeridad presupuestal en el gasto, la buena cotización de nuestras materias primas a nivel mundial y la buena conducción en el campo económico bajo un esquema  que se rompe en el período  2011-2016  dando como resultado, un déficit fiscal  del orden de 3.5% del PBI.

Pero, si ahondamos un poco más las causas y efectos de éstas situaciones que se presentan, no es solamente al pueblo peruano que le ocurran éstos altibajos sino, a infinidad de países  del orbe y nos damos cuenta al analizarlos,  que las causas principales son similares, tales como: Autoridades sin preparación, asesores partidarios (Nombrados como personal de Confianza), Profesionales y técnicos sin experiencia que es perjudicial para las economías, al  provocar estancamientos en los procesos de inversión (Demora en la aprobación y ejecución de obras, por desconocimiento o falta de experiencia y temor a sanciones) y abultamiento del gasto público principalmente en la creación de puestos de trabajo, que redundan obviamente  en un gasto fiscal deficitario.

Por ésta razón podemos entender, que nuestras instituciones públicas no puedan  cumplir con los objetivos de su creación, ni con sus programas anuales de desarrollo: habiéndosele llamado en varios foros económicos “Precarias”;  dando luz verde,  a  comentarios que  éstas personas llegan a la administración pública, a llenarse los bolsillos de plata sin  tener propósito de ayuda al desarrollo del país y vivir  de los contribuyentes.

Si conociéramos realmente el grado de responsabilidad que tienen, las autoridades, profesionales, técnicos, etc. que laboran en la administración pública, de Honrar al Perú, de proteger los intereses de la Nación, de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de acuerdo al art. 38°  de nuestra Carta Magna; y  que desde el Presidente de la República, Congresistas, Vocales, Funcionarios  de primer nivel, Militares; etc.,  son considerados empleados públicos al servicio también de la Nación. (Ref, art. 39° - Constitución Política), estaríamos realmente en una situación de privilegio económico a nivel mundial, al cumplir las tareas encomendadas en forma eficaz y sin corrupción.

A éste aspecto habría que agregar principalmente, el no cumplimiento del orden jurídico a que se refiere el art. 38° de nuestra Constitución como causa de ordenamiento que viven la mayoría de nuestras Entidades Públicas que afecta la conducción y administración de los fondos presupuestales que reciben para su gestión y desarrollo. En el presente caso nos referimos, al contenido de las normas y leyes de los Sistemas Administrativos siguientes: De Abastecimiento, Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto Público, Endeudamiento, Planeamiento, De Control, Defensa Jurídica del Estado y de Inversiones; que representan, al orden jurídico de los órganos Rectores  de éstos Sistemas que se han formulado para su buena marcha.

OTRAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE PESO, POR LA FALTA DE ORDENAMIENTO JURIDICO

Por muy buenas razones en Julio del 2002 se aprueba la ley N° 27783 de Descentralización que regula,  la estructura y organización del Estado Peruano, en Nacional, Regional y Local; que comprende también, la parte administrativa,  económica, productiva, fiscal, financiera y tributaria del mismo. La  falta del conocimiento y experiencia de los encargados del proceso de transferencia así como de la parte receptora  en éstas funciones,  han provocado descontentos y protestas últimamente de los gobiernos regionales y locales, al no haber recepcionado y puesta en marcha, el total de las funciones que debieron asumir desde el 2002; y que más bien,  les han quitado protagonismo a partir de enero del  año 2007, al transferir las funciones del coordinador oficial que consideraba la ley como Presidente del Consejo Nacional de Descentralización, a un órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros, por efectos del art. 1° del D.S. N° 007-2007-PCM.

En la misma línea se encuentra la ley N° 30057 de SERVIR, ente Rector  del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que introduce  cambios en el manejo y estructuras orgánicas   de personal a nivel nacional; inclusive, con la creación  de cargos de Gerentes Públicos, que apoyen las áreas administrativas de Entidades que requieran sus servicios; sin tener el conocimiento a la fecha, de superación de los problemas que se plantean en éste informe;  habiéndose  dejado de lado leyes bien estructuradas, como la N° 11377, 276, etc. que contenían elementos importantes para una buena funcionabilidad del servidor público, que se podía  palpar en los resultados de su acción, por ésos años.

Las Normas y Leyes están dadas, pero no se aplican según se deduce de todo lo expuesto  no solamente en éste informe sino, en informes anteriores, que ustedes pueden leer en la sección de Informes Técnicos-Legales.

Otras de las razones muy importantes que hay que tomar en cuenta en ésta desorganización y aplicación de normas y leyes es, que la normatividad que aprueba el Congreso de la República, no es aplicada mayormente en su integridad por las Entidades del Estado y son,  modificadas  casi constantemente; produciéndose una congestión en sus resultados, como ley  N° 28175 –Marco del empleo Público, que nunca se aplicó íntegramente, y fue reemplazada por la ley N° 30057. Que ya sabemos, que la adecuación  a ésta norma por parte de las instituciones es del orden del 10%; teniendo a la vista, en éste mismo sentido y otro campo, el cambio de la última ley Universitaria con un nuevo proyecto,   que ya se murmura en el Congreso.

CONCLUSIONES

Por las  razones que contempla nuestra Carta Magna en sus arts. 38° y 39° de honrar al Perú, proteger sus intereses, respetar y aplicar el orden jurídico y sobre todo los Dignatarios, Altos niveles y servidores en general de la Administración Pública, que  están al servicio dela Nación y le deben respeto y cumplimiento en las funciones  que a ellos les encargan, bajo responsabilidad; debemos sentirnos muy preocupados, por los resultados de éstos encargos. Las consecuencias están a la vista, sin ahondar en un análisis más profundo de todo el aparato Estatal.

Normas y leyes que no se aplican, que son modificadas y sustituidas, sin haber practicado previamente, análisis, evaluaciones de las causas o motivos de su  aplicación parcial o total; o como en el caso de ley de Descentralización, que sin haberse terminado la transferencia total a los Gobiernos Regionales y Locales, se modifica  por norma inferior(Decreto Supremo), quitando protagonismo al Órgano Descentralizado con nivel  de Ministerio para una mejor funcionabilidad, pasándolo a un órgano inferior de descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A éstas anomalías habría que agregar, el rompimiento del Orden Institucional sobre todo en último quinquenio, que no se ha respetado justamente el orden jurídico en nombramientos (Personal de todo nivel),  los presupuestos de gastos e inversiones, que han ocasionado el déficit fiscal que mencionamos en el presente informe.

Estas secuencia de acciones son producto mayormente, del desconocimiento de las normas y leyes  que rigen el orden jurídico de nuestro País, por parte de las Autoridades  y funcionarios que nos han dirigido y dirigen en la mayoría de Entidades; por cuyo resultados, venimos pagando todos los peruanos en los ajustes económicos constantes, que se ejecutan,  para palear los desniveles de la canasta familiar.; es decir, GLORIAS AJENAS.

Por eso, los que lean el presente informe, deben ponerse la mano en el pecho y defender su economía, pidiendo  AL GOBIERNO DE TURNO, que se aplique el ORDEN JURIDICO QUE RIGE EN NUESTRO PAIS,  conforme lo exponemos en el presente informe, y evitar la pérdida de dinero que ponemos de nuestros bolsillos, para el desarrollo y tranquilidad de nuestras familias  y  no que vayan a manos de la corrupción.

Glorias Ajenas